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Alquiler Turístico, ¿Misión Imposible?

Alquiler Turístico, ¿Misión Imposible?

En la actualidad, el alquiler de viviendas a turistas por particulares representa uno de los fenómenos de mayor repercusión e impacto económico en el turismo español de los últimos años. A pesar de que el alquiler de viviendas vacacionales viene de lejos, su apogeo ha venido de la mano de las nuevas tecnologías, gracias a la creación de portales web como “rentalia.com”, “fotocasa.es”, o “pisos.com”, entre otros, a través de los cuales dicha práctica se ha disparado hasta alcanzar cifras record[1]. Sin embargo, el alquiler de viviendas de uso turístico también se ha convertido en foco de conflictos debido, principalmente, a las presiones recibidas por competidores del sector que han visto mermados sus ingresos debido a este tipo de oferta vacacional alternativa y que, generalmente, resulta más asequible para el bolsillo que opciones tradicionales de hospedaje como las que ofrecen hoteles y resorts. A esto habría que añadir la presión que reciben algunos ayuntamientos por el “descontrol” que atraviesan municipios de alto interés turístico, debido a inmisiones por ruidos y destrozos ocasionados por algunos grupos de turistas.

Para apaciguar esta situación, calificada por algunos de “competencia desleal”, se ha tratado de regular a nivel autonómico el arrendamiento de viviendas con fines turísticos. Con ello, también se ha pretendido evitar el alquiler de viviendas que no cumplan con las condiciones mínimas exigibles tanto para consumidores (seguro de responsabilidad civil en vigor, calefacción, capacidad en función de las dimensiones, suministros de agua y fuentes de energía suficiente, ventilación, hojas de reclamaciones, etc.) como para caseros (daños y perjuicios en el mobiliario y estructura de la vivienda, impagos, hurtos y robos, agresiones, conflictos y molestias a vecinos del inmueble, etc.).

No obstante, la ausencia de una regulación estatal unificada sigue enfrentando a unos y a otros a una amalgama de regulaciones divergentes entre comunidades autónomas, cuya aplicación suele tener carácter prohibicionista. A esto último habría que añadir la imposición desmesurada de elevados impuestos a la hora de declarar al fisco las rentas percibidas, las cuales representan, en muchos casos, la única forma para seguir manteniendo el inmueble en propiedad. Lamentablemente, este escenario afecta, en gran medida, al turismo y poner las cosas todavía más difíciles a los particulares, termina desembocando en un aumento del fraude fiscal. Para evitar el fraude al fisco, el gobierno actual pretende solicitar a los portales de alquiler vacacional una declaración informativa con datos de los titulares de las viviendas. No obstante, facilitar este tipo de datos fuera del marco de un proceso judicial, expone a estas empresas a un aluvión de demandas e indemnizaciones ante una posible infracción de la normativa europea de protección de datos personales, cuya protección y privacidad se encuentran reguladas de manera muy estricta.

Con todo, la necesidad de una regulación del alquiler de viviendas vacacionales para otorgar seguridad jurídica a turistas y propietarios es clara. No obstante, queda mucho por hacer en este sentido. La adopción de medidas como son, por ejemplo, el establecimiento de una normativa estatal y flexible, adaptada a las previsiones y necesidades de cada comunidad autónoma, así como el establecimiento de incentivos fiscales para los propietarios son, entre otras, medidas que, como ya han hecho otros países, pueden contribuir a estabilización y actualización de uno de los pilares de nuestra economía.



[1] Entre 2016-2017 ha sido el alojamiento utilizado en más de 22 millones de viajes, con un impacto económico de 13.944 millones de euros, según el ‘IV Barómetro del Alquiler Vacacional en España’ realizado por “HomeAway” y la Universidad de Salamanca.

 

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