Blog

Custodia compartida ¿El principio del fin?

Custodia compartida ¿El principio del fin?

El pasado mes de noviembre, en el recurso de inconstitucionalidad 3859/2011, el Tribunal Constitucional (TC) anuló en su totalidad la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, reguladora de las Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. Este hecho, aunque esperado, ha supuesto que muchos profesionales del sector nos preguntemos que consecuencias jurídicas (y no jurídicas) tendrá la anulación de la ley que establecía hasta ahora el régimen familiar (LRF) en la Comunidad Valenciana.

Tal y como en su día sucedió con la ley que regulaba el Régimen Económico Matrimonial Valenciano[1], y la ley que regulaba las Uniones de Hecho[2], la anulación de la comúnmente conocida como Ley Valenciana de Custodia Compartida, que tenía por objeto regular las relaciones familiares de los progenitores que no conviven con sus hijos menores de edad y la de estos con otros familiares y personas allegadas, supone la sustitución del régimen general de custodia compartida por el denominado pacto de convivencia familiar.

Ante la cuestión de si la custodia compartida ha calado en la Comunidad Valenciana’, el abogado especialista en derecho de familia, y colaborador en ‘custodiapaterna.org, Jorge Martínez, manifiesta para ‘digaley’ que ‘como en todo, “la alegría va por barrios”: tendremos que detenernos partido por partido judicial, utilizando el léxico del “Cholo” Simeone, para conocer la incidencia real que la ley ha tenido en nuestros juzgadores… Y, tal vez, nos llevemos alguna que otra sorpresa…”.

En relación a la aplicación que ha tenido la norma anulada en los tribunales valencianos, Jorge Martínez nos explica su experiencia profesional como letrado: “En los casi cinco años en que hemos tenido la norma en vigor, he encontrado juzgados en los que se aplicaba “a ojos cerrados” la LRF y otros en los que el criterio del juzgador era diametralmente opuesto a la norma, pasando por las más diversas interpretaciones de los representantes del Ministerio Fiscal. Esto es, pese a que la norma era clara, como norma jurídica que era, terminaba resultando interpretable. Y, en esa interpretación, parecía primar más el criterio personal del juez en cuestión que la claridad de la LRF: por desgracia, las inercias judiciales han seguido presentes pese a la existencia no sólo de la LRF hasta hace unos días, sino también de la jurisprudencia del TS sobre guarda conjunta, tan clara cuanto menos a cómo lo era nuestra ley valenciana”.

En cuanto al impacto que ha tenido la ley valenciana de custodia compartida durante su vigencia, Jorge Martínez nos comenta que la misma “tuvo un impacto positivo entre los padres y madres que tenían que afrontar su ruptura, ya que la “cultura del pacto” ha ido arraigando poco a poco en la sociedad valenciana.

Respecto del establecimiento de una cultura del dialogo que, poco a poco, se abre paso en los conflictos de familia, la mediación se revela como un mecanismo efectivo si bien para su gestión, también para el mantenimiento de las relaciones familiares a largo plazo. Al respecto, Jorge Martínez nos confirma que: “Aquella máxima jurídica de “es preferible un mal acuerdo a un buen pleito” ha dado paso, en una buena mayoría de las parejas valencianas, a preferir un acuerdo a un juicio por el simple hecho de existir unas reglas del juego diferentes a las habituales, en que una parte tenía todas las cartas ganadoras”. Poco a poco, la mediación se va viendo como una herramienta eficaz en la resolución de conflictos, lo que aplicado al Derecho de Familia supone que los niños tienen menor percepción de la ruptura de sus padres”.

En cuanto al alcance del pronunciamiento de inconstitucionalidad y el mismo puede afectar a situaciones jurídicas ya consolidadas. El TC es claro al respecto, pues en su sentencia deja bien claro que las decisiones que hayan sido adoptadas por los tribunales durante la vigencia de la ley 5/2011, de conformidad con el principio de seguridad jurídica. Esto implica, por tanto, que los regímenes de guarda y custodia establecidos judicialmente y adoptados bajo la supervisión del Ministerio Fiscal, continúan rigiéndose tal y como se haya establecido judicialmente, en atención al interés superior del menor, por lo que no conlleva forzosamente a la interposición de una modificación de medidas establecida en el ex artículo 775 LEC.

En referencia a los efectos que puede tener de ahora en adelante la anulación de la ley valenciana, Jorge Martínez concluye que la misma “era un texto diáfano y claro, una verdadera “hoja de ruta” para resolver las rupturas familiares sin demasiado sufrimiento. Su anulación, independientemente de los motivos aducidos por el TC, es un paso atrás jurídicamente hablando, pero nuestros juzgados y tribunales tienen una ocasión única para demostrar cuán avanzados están: sólo a partir de ahora conoceremos el alcance real que LRF ha tenido, veremos cuanto ha calado en aquellos que deben impartir justicia. El tiempo, como casi todo en la vida, nos los dirá”.

En definitiva, la anulación de la norma valenciana por el TC ha supuesto en muchos sentidos un retroceso en el restablecimiento de una regulación susceptible de generar situaciones de manifiesta desigualdad. Sin embargo, teniendo en cuenta lo aprendido durante la vigencia de la ley valenciana de custodia compartida, el nuevo escenario ofrece a los a los tribunales la oportunidad de seguir abogando por la aplicación de regímenes de guarda y custodia que, adaptados caso por caso, mejor salvaguarden el bienestar de los menores, así como los intereses de aquellas personas que forman parte del proceso.

 


[1] Ley 10/2007, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (anulada por la STC 82/2016 )

[2] Ley 5/2012 , de Uniones de Hecho (varios de sus artículos anulados por la STC 110/2016 ).

 

Deja tu comentario

Hide