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La decisión del menor en el ámbito sanitario

La decisión del menor en el ámbito sanitario

En el marco de la relación médico-paciente, la norma específica en la materia regula cuándo una persona puede decidir de forma autónoma y cuándo en representación. Teniendo en cuenta esto, surge, a primera vista, la siguiente cuestión ¿Puede un menor de edad tomar decisiones sanitarias por sí mismo? Pues bien, sin duda, la respuesta a esta pregunta es afirmativa: Sí, los menores de edad pueden decidir sobre cuestiones relativas a salud. Esto es así porque en lo que respecta al ámbito sanitario, nuestro sistema aplica la teoría del menor maduro, la cual, se ha desarrollado en el ámbito jurídico en referencia a la persona que sin haber cumplido la mayoría de edad, tiene la suficiente madurez para rechazar o consentir un tratamiento o intervención de forma autónoma.

Ahora bien, lo transcrito no es una novedad puesto que esta situación ya estaba reconocida anteriormente en la legislación sanitaria. Sin embargo, recientemente, la nueva Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ha introducido cambios sustanciales en dicha legislación sanitaria, es decir, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Precisamente, en lo referente a la toma de decisión en la edad pediátrica y de ahí radica la novedad, en el hecho de que a día de hoy, los supuestos en los que el menor puede decidir por sí mismo, ahora, son distintos, por eso, se plantea otro interrogante que requiere una respuesta desde la perspectiva legal: En materia sanitaria, ¿Cuál es marco de ejercicio del consentimiento informado en el período de la infancia? Pues bien, de la interpretación de la nueva redacción introducida con la reforma se desprende que en la actualidad, los supuestos de hecho reconocidos son dos:

De un lado, el menor emancipado y el mayor de dieciséis tienen reconocida una capacidad de decisión relativa. Por consiguiente, como regla general, pueden decidir de forma autónoma. No obstante, cuando el tratamiento o la intervención sean considerados de grave riesgo, decidirán los padres y al mismo tiempo, cuando el profesional de la salud evalúe que un determinado menor no tiene capacidad suficiente para decir por sí mismo, deciden los representas legales a favor de la vida y la salud.

De otro lado, la norma reconoce de forma implícita que cuando el menor tenga una edad inferior a los dieciséis años debe evaluarse su madurez. Si es maduro, decide por sí mismo, sino, deciden los padres en representación.

A raíz de lo transcrito se desprende que la falta de consideración de ambos escenarios es constitutivo de una intromisión en el ejercicio de los derechos de los menores de edad y por ende, generador de responsabilidad para profesional de la salud.

por Mª Clara Blasco Igual, Doctora en derecho y docente e investigadora de la U.V.
Colaboradora externa de digaley

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