Blog

Propuesta de Ley de Mediación Valenciana

Propuesta de Ley de Mediación Valenciana

Recientemente, hemos conocido el texto del ya anunciado la propuesta de un anteproyecto de Ley de Mediación de la Comunidad Valenciana. Ante el auge de su aplicación en los últimos años, y el gran número de leyes en otras Comunidades autónomas, han generado la necesidad de una regulación propia y actualizada de la mediación en la Comunidad Valenciana, que garantice “seguridad, confianza y estabilidad[1] y su asentamiento como método eficaz para gestionar y complementar la labor judicial. A continuación analizaremos punto por punto esta propuesta, la cual tiene como objetivo principal la implantación de un marco jurídico regulador de la mediación de aquellos conflictos, judiciales y extrajudiciales que puedan llegar a surgir en su ámbito de su aplicación[2].

Exposición de Motivos
El anteproyecto nos habla de los antecedentes históricos de la mediación así como del propósito que el mismo tiene: “dotar de una regulación integral, general y flexible” a la mediación en su ámbito de aplicación. Si bien, a día de hoy, el Estatuto de Autonomía valenciano no contempla competencias respecto de la mediación, por lo que dicho propósito puede llevar a error.

Título Preliminar “Disposiciones Generales” (artículos 1 a 11)
La propuesta de anteproyecto delimita, en otros aspectos, el ámbito de aplicación de la futura ley. Si bien dicho ámbito de aplicación resulta mucho más amplio en materias que el fijado por la ley 5/2012, reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, no queda del todo  claro, lo cual puede traer problemas ante la -más que probable- coexistencia de la futura ley con otras leyes reguladoras de la mediación, o ante su desarrollo en materias excluidas por su carácter especial o sectorial. Además de su objeto, el anteproyecto recoge algunos conceptos básicos en los que aporta una definición de la mediación[3] así como de la persona mediadora profesional.[4]

Seguidamente, se establecen una serie de principios rectores de su procedimiento: voluntariedad, igualdad de las partes, neutralidad e imparcialidad, confidencialidad, buena fe y flexibilidad. Aquí la propuesta introduce una novedad respecto a la mayoría de normas que regulan la mediación en España y es la presencialidad como principio del proceso mediador[5]. Aunque en un primer momento dicho requisito puede parecer contrario al desarrollo de la mediación por medios electrónicos, si ahondamos en el artículo deducimos que en mediaciones a distancia supone garantizar la identidad de los intervinientes. Con independencia de como del texto final de la ley, este nuevo principio de la propuesta puede generar cierta confusión ante la exigencia de que “las personas mediadoras han de asistir a las reuniones siempre personalmente”[6] frente a la posibilidad de que “la mediación se podrá desarrollar, total o parcialmente, a través por medios electrónicos, informáticos y telemáticos”[7]. Además, en relación a la obligatoriedad de dicha presencialidad en conflictos sobre derechos personalísimos, en determinados supuestos resultaría conveniente permitir la representación.

Título I Capítulo I “De las actuaciones y de la organización administrativa en el ámbito de la mediación” (artículos 12 a 18)
Recoge el compromiso de las administraciones locales de promover, fomentar el uso y desarrollo de la mediación en cooperación con otros organismos competentes. Asimismo, las entidades mediadoras encuentran su sitio en la propuesta de anteproyecto, en el que se recogen tanto sus funciones como la formalización de registros propios. Otra novedad que introduce la propuesta sería algo con lo que ya cuentan otras CCAA: La creación y puesta en marcha de un Centro de Mediación, de un Registro de personas y entidades mediadoras, y de un Consejo asesor de mediación de la Comunidad Valenciana[8]. Todas ellas representan iniciativas positivas que, además de fomentar la mediación, contribuirán a facilitar el acceso a su aplicación en todo el territorio valenciano[9]. No obstante, el texto definitivo debería resolver dudas como, por ejemplo, que funciones y competencias tendrá el futuro Centro de Mediación, la convalidación de funciones y certificación de la formación, la unificación de criterios de homologación con lo establecido por el Ministerio de Justicia en lo relativo al futuro Registro autonómico de personas y entidades mediadoras, así como la concreción respecto a que entidades y colectivos formaran parte del futuro Consejo asesor de la mediación.

Título II del Capítulo I “De las partes en conflicto intervinientes en la mediación” (artículos 19 a 21)
Hace referencia a las partes en conflicto y, más concretamente, a contemplar la posibilidad de que menores de edad y personas con capacidad modificada judicialmente puedan intervenir como parte en el procedimiento de mediación[10].

Título III “De las personas mediadoras” (artículos 22 a 25)
Hace hincapié en la importancia que recibe la persona mediadora. Más allá de lo establecido en la Ley 5/2012, de 06 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles[11], mediante la cual se pretendió dotar de un estatuto mínimo a la persona mediadora, la propuesta de anteproyecto enmarca su calificación de profesional, solamente ha sido contemplada en el ámbito privado por los reglamentos y códigos de algunas entidades y colegios profesionales. Este reconocimiento de la figura del mediador viene acompañado de la exigencia de una “formación continua de las personas mediadoras”, la cual consiste en la “realización periódica de cursos o actividades de carácter eminentemente práctico”[12]. Todo esto, así como el establecimiento de una serie de “derechos y obligaciones de las personas mediadoras[13], contribuirá positivamente en el asentamiento y adecuada evolución de la mediación como profesión en la Comunidad valenciana. Sin embargo, ante posibles problemas, cabría replantearse la modificación de puntos como, por ejemplo, la obligatoriedad de inscripción para ejercer la mediación, o que estar inscrito en el Registro valenciano pueda condicionar dicho ejercicio a nivel nacional y europeo.

Título IV “Del procedimiento y costes de la mediación” (artículos 26 a 38)
Establece la estructura y requisitos del “procedimiento” de mediación (Capítulo I), su inicio y duración, la designación de las personas mediadoras e imparcialidad de las mismas, así como el contenido y validez de los acuerdos alcanzados durante el mismo. Respecto de la co-mediación, a pesar de que la descripción sobre la intervención de las personas mediadoras resulta mejorable, su inclusión en la propuesta de anteproyecto resulta positiva. Por otra parte, se fijan cuáles serán los “costes” de la mediación y los supuestos en los que podrá ser gratuita (Capítulo II).

Título V “Régimen sancionador” (artículos 39 a 46)
En su Capítulo I expone una serie de “Consideraciones generales”, un Capitulo II en el que se habla “De las infracciones” que puede haber tanto a nivel institucional como de las personas mediadoras. El Capítulo III habla “De las sanciones” posibles ante tales prácticas, y el Capitulo IV “Del procedimiento sancionador” aplicable.

Disposiciones
Una Adicional Única, referente al reconocimiento de las personas y entidades mediadoras que hayan ejercido la profesión con anterioridad a la entrada en virgo de la ley propuesta. Otra disposición Derogatoria Única, mediante la cual quedará derogada la ley anterior y, por último, dos Disposiciones Finales sobre la habilitación para el desarrollo reglamentario de la ley y para su entrada en vigor.

Aunque, sin duda, la propuesta de anteproyecto de ley de mediación de la Comunidad Valenciana representa un paso importante en la promoción de la mediación como método alternativo y eficaz de gestión de controversias en territorio valenciano, todavía queda mucho camino por recorrer. Más allá de las  modificaciones que sufra el texto inicial, la calidad y especificidad de su articulado, aspectos como la coordinación de la propuesta de anteproyecto con el resto de normas reguladoras de la mediación a distintos niveles, y la cooperación institucional serán quienes, a todas luces, determinen el éxito de la futura ley de mediación y, con ello, del asentamiento definitivo de una cultura valenciana del acuerdo.

[1]Más información, vid. http://www.20minutos.es/noticia/3101944/0/consell-aprueba-anteproyecto-ley-mediacion-que-permitira-resolver-conflictos-sin-llegar-tribunales/
[2] En este sentido, vid. Título preliminar y Capitulo I, artículo 1 de la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Mediación valenciana (en adelante, PALMV).
[3] Se entiende por mediación “aquel procedimiento en el que dos o más partes implicadas en un conflicto o litigio, intentan alcanzar de manera voluntaria, por sí mismas, y con la asistencia de una o varias personas mediadoras profesionales, un acuerdo satisfactorio sobre la resolución de su controversia”.
[4] La persona mediadora es “aquella que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo voluntario para resolver sus controversias, actuando en todo momento de conformidad con los principios de la mediación, y con respecto a todas las partes implicadas, en cumplimiento de los requisitos legales”. Vid. Art. 4, ap. b) PALMV.
[5] Art. 10 PALMV.
[6] Art. 10, ap. 1) PALMV.
[7] Art. 10 ap. 2) PALMV.
[8] Arts. 16, 17 y 18 PALMV
[9] Art. 16 ap. 1) PALMV
[10] Art. 19
[11] BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012.
[12] Art. 23 PALMV.
[13] Art. 24 PALMV.

Deja tu comentario

Hide