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El discurso del odio en las redes sociales

El discurso del odio en las redes sociales

Internet y las nuevas tecnologías son una realidad que ya nadie pone en duda, y dentro de ellas el uso de las redes sociales ha proliferado a ritmo vertiginoso en los últimos años, lo cual ha traído en consecuencia grandes avances positivos –fomento de las relaciones, rapidez en la información, entretenimiento, posibilidades de autopromoción, entre otros– y también negativos, como la pérdida de cierta privacidad, deterioro de las relaciones interpersonales, o como el tema que hoy nos ocupa, el aumento de mensajes o comentarios incitadores al odio y la discriminación por parte de haters hacia determinados colectivos, aprovechando el anonimato que les brinda la pantalla.

El llamado discurso del odio hate speech es entendido por el Comité Europeo de Ministros del Consejo de Europa como todas aquellas expresiones que propaguen, inciten o promuevan el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia, la discriminación y hostilidad contra las minorías e inmigrantes.

Por su parte, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa definió como delitos de odio o hate crime aquellas infracciones penales, bien sea contra personas o la propiedad, en los que la víctima, lugar u objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia a un grupo que pueda estar basado en una raza, origen nacional o étnico, idioma, color, religión, edad, minusvalía física o mental, orientación sexual u otros factores similares, bien sean reales o aparentes.

En consecuencia, hemos de tener en cuenta que el odio en sí no es un delito, sino un sentimiento de rechazo hacia alguien y por tanto su manifestación no está penada, quedando amparada dentro de la libertad de expresión. Lo que castiga nuestro Código Penal es la incitación directa o indirecta al odio, la violencia o discriminación contra personas o grupos determinados, conducta ésta que podría motivar la incoación de diligencias penales tras la pertinente denuncia o querella del agraviado o su colectivo.

La regulación de éstas infracciones las encontramos en el Código Penal de la siguiente forma.

De una parte, en sentido estricto, encontramos tipificado el discurso del odio en los arts. 510 a 512, el art. 515 y el art. 22.4 de dicha norma. A grandes rasgos, el art. 510 castiga la incitación o promoción del odio contra personas, grupos y minorías por razón de su pertenencia a éstas, la distribución o posesión para tal fin de material que fomente el odio contra aquellos, y el enaltecimiento de delitos de genocidio, lesa humanidad o sus autores; los arts. 511 y 512 castigan al empleado público, al profesional y al empresario, que deniegue una prestación a la que tenga derecho una persona o corporación por razón de su raza, religión, creencias, orientación sexual y factores similares; el art. 515 castiga la asociación ilícita que promueva o fomente el odio, la violencia o discriminación contra las personas y grupos ya indicados. El art. 22.4 del Código Penal es una agravante de la responsabilidad criminal en caso de que cualquier delito se haya cometido por motivos racistas, antisemitas o cualquier otra clase de discriminación por motivos ideológicos, religiosos, sexuales y similares.

De otra parte, en sentido amplio, encontramos subtipos agravados en diferentes delitos del Código Penal si se han cometido por razones discriminatorias hacia personas, grupos o población por su determinada creencia o ideología, como en el delito de amenazas (art. 170.1), tortura (art. 174), descubrimiento y revelación de secretos (art. 197.5), delito contra los trabajadores por discriminación en el empleo (art. 314), genocidio (art. 607), delitos de lesa humanidad (art. 607 bis), y delitos contra los sentimientos religiosos (arts. 522 a 526).

En todo caso, el Código Penal prevé principalmente penas de prisión para la mayoría de éstos tipos penales, las cuales se podrán agravar si el hecho se ha cometido a través de internet u otro medio de comunicación o si ha conseguido alterar la paz o generar un sentimiento de temor en el grupo ofendido, penas que podrán combinarse de forma accesoria con multas e inhabilitaciones temporales para el desempeño de funciones docentes, deportivas o de ocio.

El fundamento del legislador a la hora de castigar con especial reproche éste tipo de infracciones penales, siguiendo la propia jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (véase STS nº 1145/2006, de 23-11, entre otras), se basa en el mayor incremento del injusto, es decir que la conducta llevada a cabo por el autor ha sido motivada exclusivamente por el mero hecho de discriminar y ofender al sujeto pasivo por la minoría o grupo al que pertenece, y de privarle de la dignidad que le corresponde como cualquier otra persona.

Adicionalmente a todo lo anterior, es de resaltar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció acerca del discurso del odio manifestando que para afirmar que tal discurso se ha producido en un determinado comentario, habría de analizarse principalmente el texto publicado y su forma, si efectivamente ha promovido o no el odio, la violencia o la discriminación o al menos ha tenido la intención de incitar a ello, analizar al autor y su capacidad de promulgar dicho sentimiento de desprecio, y qué impacto ha tenido el mensaje atendiendo a la audiencia que ha podido alcanzar.

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