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Participaciones Preferentes

Participaciones Preferentes

Las participaciones preferentes son consideradas un producto financiero, de duración indefinida, emitido por una entidad bancaria que ofrece al inversor una rentabilidad supeditada a la obtención de beneficios, los cuales pueden llegar a pueden llegar a ser del 7%, 8%, o incluso, del 10%.

A partir del año 2003, los bancos empezaron a comercializar la venta de participaciones preferentes para captar fondos, llegando a sumar 30.000 millones de euros en mayo de 2011. Sin embargo, la rentabilidad variable y no garantizada de las participaciones preferentes las convierte en instrumentos complejos que comportan un riesgo elevado. Esto conlleva que, cuando la entidad financiera tiene problemas, los intereses (ganancias) de las preferentes no se cobran y pierden una parte de su valor. Por tanto, en caso de que la entidad financiera quiebre, los inversores de estos productos ‘basura’ serán los últimos a la hora de cobrar, sólo antes de los accionistas.

Fue con el estallido de la crisis financiera en 2008 cuando, debido a que el mercado se vació de compradores, las entidades financieras empezaron a tener problemas y su cotización se hundió en el mercado secundario[1]. Más de un millón de familias españolas creyeron estar contratando un producto similar a los depósitos a plazo fijo, e invirtieron sus ahorros en preferentes de cajas de ahorros y de entidades ahora nacionalizadas, como Catalunya Banc, Novagalicia y Bankia. Hoy, esas familias han visto como las participaciones preferentes que adquirieron en bancos como Sabadell, el BBVA o el Banco Santander, entre otros, han sido canjeadas por acciones de las entidades, asumiendo pérdidas de hasta el 70% de lo que invirtieron en su momento.

¿Cómo recuperar el dinero?

De conformidad con la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), de 2007, las entidades están obligadas a realizar un “test de conveniencia” y un “test de idoneidad” con posterioridad a la adquisición de participaciones preferentes, y que tenían por finalidad el poder garantizar que el inversor minorista entendía que el producto bancario que adquiría era complejo. Sin embargo, muchos de esos inversores no sabían qué estaban contratando y cuando han querido retirar su dinero, algunos han comprobado que el plazo para hacerlo vencía dentro de casi 1.000 años. Por tanto, los inversores afectados que invirtieron en su momento en participaciones preferentes, sin saber el tipo de producto estaban adquiriendo, podrán recurrir al arbitraje.

En todo caso, tendrán prioridad los titulares de productos inferiores a 10.000 euros, especialmente cuando la inversión proceda de un traspaso de productos de bajo riesgo de la propia entidad. Para resolver la devolución del dinero invertido, se valorarán las siguientes circunstancias:

1. Capacidad para contratar del cliente: es decir, si era menor de edad o incapaz cuando compró las preferentes y lo hizo sin la intervención de un tutor o de su legal representante.

2. Falta de documentación: relevante en el expediente de contratación, la inexistencia del contrato, así como las incorrecciones relevantes del mismo.

3. La información era equívoca, confusa, poco clara e insuficiente: la entidad que le recomendó el producto no informó al cliente sobre las características y riesgos del mismo, ni realizó el “test de idoneidad” para recoger datos sobre su perfil y experiencia como inversor (formación, edad, el origen del dinero, su historial como inversor, etc.)

4. Inversión realizada: que la misma, aunque sea reducida, represente un porcentaje elevado sobre el patrimonio total del cliente, sin tener en cuenta su residencia habitual, o su disposición de ingresos adicionales elevados.

En caso de querer vender, el titular de las participaciones preferentes puede acudir a mercados secundarios (Mercado AIAF), e intentar venderlas por un precio muy inferior del que tuvieron en el momento de su compra. Otra opción para reclamar consistiría en solicitar ante los tribunales que el contrato de adquisición de estos productos puede ser nulo por varios motivos: por vicio en el consentimiento a la hora de la firma, por falta de información, o por abuso de confianza.

En digaley, nuestro equipo de abogados especialistas en SWAPS y Participaciones preferentes se encarga de defender los derechos e intereses de aquellas personas afectadas por la adquisición de estos productos bancarios. Ponte en contacto con nosotros y te informaremos gratuitamente y sin compromiso.

 

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