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El retorno a la vía penal de la reclamación por accidente de tráfico

El retorno a la vía penal de la reclamación por accidente de tráfico

El pasado día 2 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del Estado[1] la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, que modificó nuestro vigente Código Penal de 1995, introduciendo una importante reforma en materia de seguridad vial, dando así respuesta a una notoria demanda social ante el incremento del número de accidentes de tráfico con peatones y ciclistas en los últimos años por la imprudencia de los conductores de vehículos a motor y ciclomotores[2].

Dicha reforma se centra básicamente en tres importantes áreas. De un lado, se introducen tres conductas en el Código Penal que van a considerarse imprudencia grave, de otro lado se introduce el nuevo delito de fuga o abandono del lugar del accidente, y por último se aumenta la pena en aquellos supuestos en los que medie imprudencia de los conductores con resultado de muerte o lesiones a dos o más personas.

En la práctica, ésta modificación del Código Penal viene a traer en consecuencia la vuelta a la vía penal de la reclamación ante accidentes de tráfico, que hasta ahora y en la mayoría de los casos quedaba relegada a la vía civil. De ésta forma, vuelve a ser el Médico Forense adscrito al Juzgado de Instrucción quien emitirá el Informe de Sanidad del perjudicado, lo que conllevará siempre mayor objetividad, ahorro de costes para el reclamante y mayor garantía tanto para las compañías de seguros como para los perjudicados, y permitirá en muchos casos  la transacción anticipada entre las partes.

La reforma introduce con gran acierto la nueva redacción del art. 152.2 del Código Penal, que refiere a los supuestos más habituales, los que por “imprudencia menos grave” se cause a otro, infringiendo las normas de tráfico vigentes, alguna de las lesiones previstas en los arts. 147.1, 149 y 150 del mismo texto –siempre que requiera además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico– previéndose una pena de multa de tres a doce meses más privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. Éstos supuestos  hasta ahora debían reclamarse exclusivamente vía civil y constituían aproximadamente el 70% de la siniestralidad vial, por lo que su actual tramitación vía penal permitirá a bien seguro la descongestión de los Juzgados de Primera Instancia al ya no ser competentes para la tramitación de éste tipo de asuntos.

Se mantiene el art. 152.1 del Código Penal, que contempla la conducta del conductor que por “imprudencia grave”cause a una persona las lesiones previstas en los artículos anteriores, supuestos de menor número que antes de la reforma eran prácticamente los únicos que podían reclamarse vía penal, y su pena dependerá del resultado lesivo, prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses si causó lesiones del art. 147.1, prisión de uno a tres años si se trata de lesiones del art. 149, y prisión de seis meses a dos años si las lesiones son constitutivas del delito del art. 150 del Código Penal, todo ello más la pena accesoria de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno a cuatro años.

Si únicamente concurre “imprudencia leve”del conductor de vehículo a motor o ciclomotor, será la vía civil la competente para su reclamación, siendo éste el único supuesto que queda derivado a los Juzgados de Primera Instancia tras la reforma que nos ocupa del Código Penal.

Como se indicó anteriormente, otro de los puntos más importantes de ésta reforma es que se introduce el nuevo delito de abandono del lugar del accidente en el art. 382 bis del Código Penal, pretendiendo con ello el legislador evitar que queden impunes los accidentes en los que el conductor causante se de a la fuga tras haber ocasionado la muerte o lesiones constitutivas del art. 152.2 a una o varias personas,  no siendo necesario que los perjudicados se hallen en situación de desamparo o grave situación de peligro. Uno de los ejemplos más acontecidos en los últimos años en éste sentido es el atropello de ciclistas en carreteras donde el conductor imprudente huyó del lugar de los hechos sin prestar auxilio a los mismos, conducta que ahora es sancionada penalmente sea cual sea el resultado lesivo. Las penas previstas en el nuevo art. 382 bis dependerán de si fue una imprudencia del conductor, que se castigará con pena de prisión de seis meses a cuatro años más privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años, o el origen del accidente fue fortuito, que llevará aparejada pena de prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años.

Y por último y no menos importante, la reforma eleva sustancialmente las penas tanto en las imprudencias graves como en las menos graves cuando el resultado del accidente es de muerte a dos o más personas o de lesiones graves.

Así, el nuevo art. 142 bis del Código Penal por una parte sube en un grado la pena (es decir, en caso de muerte estaría penado con entre cuatro a seis años de prisión) si el hecho revistiere notoria gravedad en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado que se ha infringido, y de otra sube en dos grados la pena (es decir, en caso de muerte se penaría con entre seis y nueve años de prisión) si el número de fallecidos fuere muy elevado.

Y por su parte el nuevo art. 152 bis, en caso de imprudencia grave con resultado de lesiones constitutivas de los arts. 147.1, 149 y 150 del Código Penal, que de un lado sube un grado la pena si el hecho revistiere notoria gravedad y relevancia del riesgo creado (pudiendo así alcanzar en algunos casos hasta los cuatro años y seis meses de prisión) y de otro lado sube en dos grados la pena si el número de lesionados fuere muy elevado (alcanzando en algunos casos hasta los seis años de prisión).

A modo de resumen, con la entrada en vigor de la indicada Ley 2/2019, de 1 de marzo, el Código Penal actual:

  • Penaliza los accidentes de tráfico que sean causados por imprudencia grave (art. 152.1 C.P.), como ya ocurría antes de la reforma.
  • Penaliza los accidentes de tráfico que sean causados por imprudencia menos grave (art. 152.2 C.P.), que antes se tramitaban exclusivamente vía civil.
  • Penaliza la huída o abandono del lugar del accidente por el conductor, creando para ello el nuevo art. 381 bis del C.P.
  • Agrava las penas si el accidente revistiere notoria gravedad, en atención a la entidad y relevancia del riesgo creado, y hubiere provocado la muerte o lesiones a dos o más personas o a un número elevado de ellas, previendo éstos supuestos en los nuevos arts. 142 bis y 152 bis del C.P.

En definitiva, la reforma parece dar una adecuada respuesta a la situación actual de siniestralidad vial, apostando con gran acierto en derivar sus reclamaciones –casi por completo– de nuevo, a la jurisdicción penal, que nunca debió desaparecer por los buenos resultados que ofrecía, entre otros aspectos, por el reconocimiento forense del perjudicado. Se espera con ella que los costes de reclamación de las víctimas sean menores, se acorte el tiempo de la tramitación judicial del asunto, se favorezca la transacción anticipada entre las partes, y se descongestionen los Juzgados de Primera Instancia que estaban ciertamente colapsados por la tramitación de asuntos en materia de seguridad vial.

[1]Boletín Oficial del Estado núm. 53, de 2 de marzo de 2019, págs. 20278 a 20281 (BOE-A-2019-2973). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2019/03/01/2

[2]Vide. Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

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